Miembros dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Ex-Presos y Ex-presas Políticas Salvador Allende
Julio 2017
Comparecencia de la Coordinadora Nacional de Ex-Presos y Ex-presas Políticas Salvador Allende ante la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado
Muy buenas tardes a todas y a todos,
Saludo a los integrantes de la Comisión de DD.HH del Senado y todos y todas las presentes. Mi nombre es David Quintana García, Presidente de la Coordinadora Nacional de Ex-Presos y Ex-Presas Políticas Salvador Allende. Les comento que es primera vez que, como organización, tenemos la oportunidad de exponer nuestro punto de vista en el Senado.
Quiénes somos: La Coordinadora Nacional de Ex-Presos y Ex-presas Políticas Salvador Allende, agrupa XX organizaciones de base de alcance local y/o regional que tienen como objetivo común la Verdad, Justicia y Reparación integral del daño causado por el Estado de Chile a los y las sobrevivientes de la Dictadura Cívico-Militar.
Nuestra postura ante la Ley 19.992: Consideramos que esta Ley perpetúa las violaciones a los Derechos Humanos a las cuales fuimos sometidos/as, en tanto no garantiza la reparación adecuada y satisfactoria del daño causado y – menos aún - la “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” como lo determina la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU del 16 de Diciembre de 2005, de la cual el Estado de Chile es partícipe.
Antes de hablar del proyecto de ley, es necesario aclarar algunos puntos.
El mantenimiento del secreto de la información contenida en los archivos de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), representa un obstáculo concreto para el esclarecimiento de la verdad histórica, de la cual somos sujetos directos.
En este aspecto, queremos aclarar que cuando prestamos nuestra declaración ante la citada Comisión, en ninguna parte del formulario respectivo, ni documento anexo, se nos pidió manifestar nuestra conformidad o no respecto de la confidencialidad de la información entregada y de lo que se haría con esa información. Les recuerdo a las y los senadores, y a todos y todas las presentes, que el secreto se impuso un año después del trabajo de la Comisión Valech I. Yo fui a la Comisión y nadie me preguntó nada. Y nos enteramos que en la Ley de reparación, serían secretos nuestros archivos.
Es necesario hablar del tema de la privacidad y la honra (NUESTRAS, quiero enfatizar) de las cuales muchas personas ajenas se arrogan el derecho a decidir: acá tengo en mi mano el Informe de la Comisión Valech I. El libro azul, como le decimos. Aparecen el nombre y Rut de todas y todos cuantos fuimos reconocidos oficialmente como víctimas de tortura y prisión política. Se pueden leer en detalle nuestras torturas. Está todo, menos los nombres de los torturadores. No están y están paseándose por Chile en impunidad. Y varios de los miembros de las FF.AA de la época, han ascendido en sus escalafones por haber torturado y recibiendo –aún los pocos condenados – pensiones millonarias.
Hoy tenemos, como ex-presas y ex-presos políticos, serios problemas por la compensación. Nunca se nos ha reparado de verdad. Nuestra pensión es muy baja y para muchos y muchas es su único ingreso, ya que incluso a quienes tenían pensión por ser exonerados se les obligó a optar entre ambas. Es menos que el salario mínimo en Chile. La más alta de la compensación, que se da a los mayores de 80 años, es de $201.000 mensuales.
Tampoco otros supuestos beneficios (el PRAIS en salud, las becas en educación y el puntaje adicional en vivienda) son reales soluciones para nosotros/as.
Los que defienden este secreto, hablan de nuestro derecho a la honra, a la privacidad y a la dignidad. Eso no es verdad, se quiere continuar con la impunidad. Estamos muy de acuerdo con lo dicho por el abogado Tomás Vial, quien expuso en esta comisión la semana pasada: la reserva debe ser la excepción, y el derecho a la vida privada, en sí, no es un derecho constitucional. Y en presencia de un delito, el derecho a la vida privada cede. En nuestros archivos, tanto de los compañeros y compañeras calificados / as como de quienes no calificaron, por razones hasta hoy desconocidas, están llenos de delitos. Torturas, maltrato, prisión política, centros de tortura clandestinos, violaciones. En fin, delitos de lesa humanidad.
El artículo 15 de la ley 19.992 es discriminatorio y arbitrario. Y el proyecto de ley solo remedia este asunto parcialmente. Si hubiese, de verdad, interés de mantener la honra, se hubiese hecho la reserva pero con posibilidad de que abogados y tribunales tuvieran todos los documentos en sus manos. Tal como se hizo con los antecedentes de la Comisión Rettig, que abordó la desaparición forzada y ejecución política. Pero nada de esto fue así.
Finalmente, es necesario citar la jurisprudencia internacional. Me gustaría hablar del Caso Humberto Maldonado y otros VS Chile, en la Corte Interamericana de DD.HH. La Corte estableció que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones o procesos pendientes.
Aclarado lo anterior, me puedo referir al proyecto de ley. Nosotros, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y nuestros familiares, tenemos el derecho a conocer la verdad, según lo ha señalado reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No debe existir ningún obstáculo para que nosotros accedamos a nuestros archivos. En el Caso de la Comisión Valech I, siempre hubo obstáculos. Hasta el año 2015, que gracias a los recursos de protección presentados por Desclasificación Popular, se pudo acceder por primera vez a los archivos. Hoy podemos pedir nuestra documentación al INDH, pero es una copia con antecedentes tachados.
La moción, lamentablemente, deja fuera un punto muy importante. Permite a tribunales acceder a los archivos, pero a voluntad del Poder Judicial. Y no se establece que el Estado debe hacerse cargo de poner abogados para llevar causas. Es legítimo que cada uno vaya a la justicia, pero es necesario que el Estado se haga cargo de llevar las causas. Es necesaria toda la verdad y toda la justicia. Si, de nuevo, se quiere proteger a quienes no quieren que su testimonio sea público, se les debe preguntar a ellos si quieren que sus archivos no estén a la luz pública. Sin que signifique mantenerlos en secreto para siempre o que no puedan ser leídos por el Poder Judicial.
Es necesario saber, con detalle, qué es lo que sucedió en dictadura. Es necesaria la verdad histórica completa. Sólo así podemos morir con la convicción de que nuestro martirio no ha sido en vano y estamos aportando a un verdadero NUNCA MÁS.
Muchas gracias.
Quiénes somos: La Coordinadora Nacional de Ex-Presos y Ex-presas Políticas Salvador Allende, agrupa XX organizaciones de base de alcance local y/o regional que tienen como objetivo común la Verdad, Justicia y Reparación integral del daño causado por el Estado de Chile a los y las sobrevivientes de la Dictadura Cívico-Militar.
Nuestra postura ante la Ley 19.992: Consideramos que esta Ley perpetúa las violaciones a los Derechos Humanos a las cuales fuimos sometidos/as, en tanto no garantiza la reparación adecuada y satisfactoria del daño causado y – menos aún - la “restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” como lo determina la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU del 16 de Diciembre de 2005, de la cual el Estado de Chile es partícipe.
Antes de hablar del proyecto de ley, es necesario aclarar algunos puntos.
El mantenimiento del secreto de la información contenida en los archivos de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech I), representa un obstáculo concreto para el esclarecimiento de la verdad histórica, de la cual somos sujetos directos.
En este aspecto, queremos aclarar que cuando prestamos nuestra declaración ante la citada Comisión, en ninguna parte del formulario respectivo, ni documento anexo, se nos pidió manifestar nuestra conformidad o no respecto de la confidencialidad de la información entregada y de lo que se haría con esa información. Les recuerdo a las y los senadores, y a todos y todas las presentes, que el secreto se impuso un año después del trabajo de la Comisión Valech I. Yo fui a la Comisión y nadie me preguntó nada. Y nos enteramos que en la Ley de reparación, serían secretos nuestros archivos.
Es necesario hablar del tema de la privacidad y la honra (NUESTRAS, quiero enfatizar) de las cuales muchas personas ajenas se arrogan el derecho a decidir: acá tengo en mi mano el Informe de la Comisión Valech I. El libro azul, como le decimos. Aparecen el nombre y Rut de todas y todos cuantos fuimos reconocidos oficialmente como víctimas de tortura y prisión política. Se pueden leer en detalle nuestras torturas. Está todo, menos los nombres de los torturadores. No están y están paseándose por Chile en impunidad. Y varios de los miembros de las FF.AA de la época, han ascendido en sus escalafones por haber torturado y recibiendo –aún los pocos condenados – pensiones millonarias.
Hoy tenemos, como ex-presas y ex-presos políticos, serios problemas por la compensación. Nunca se nos ha reparado de verdad. Nuestra pensión es muy baja y para muchos y muchas es su único ingreso, ya que incluso a quienes tenían pensión por ser exonerados se les obligó a optar entre ambas. Es menos que el salario mínimo en Chile. La más alta de la compensación, que se da a los mayores de 80 años, es de $201.000 mensuales.
Tampoco otros supuestos beneficios (el PRAIS en salud, las becas en educación y el puntaje adicional en vivienda) son reales soluciones para nosotros/as.
Los que defienden este secreto, hablan de nuestro derecho a la honra, a la privacidad y a la dignidad. Eso no es verdad, se quiere continuar con la impunidad. Estamos muy de acuerdo con lo dicho por el abogado Tomás Vial, quien expuso en esta comisión la semana pasada: la reserva debe ser la excepción, y el derecho a la vida privada, en sí, no es un derecho constitucional. Y en presencia de un delito, el derecho a la vida privada cede. En nuestros archivos, tanto de los compañeros y compañeras calificados / as como de quienes no calificaron, por razones hasta hoy desconocidas, están llenos de delitos. Torturas, maltrato, prisión política, centros de tortura clandestinos, violaciones. En fin, delitos de lesa humanidad.
El artículo 15 de la ley 19.992 es discriminatorio y arbitrario. Y el proyecto de ley solo remedia este asunto parcialmente. Si hubiese, de verdad, interés de mantener la honra, se hubiese hecho la reserva pero con posibilidad de que abogados y tribunales tuvieran todos los documentos en sus manos. Tal como se hizo con los antecedentes de la Comisión Rettig, que abordó la desaparición forzada y ejecución política. Pero nada de esto fue así.
Finalmente, es necesario citar la jurisprudencia internacional. Me gustaría hablar del Caso Humberto Maldonado y otros VS Chile, en la Corte Interamericana de DD.HH. La Corte estableció que en casos de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de las investigaciones o procesos pendientes.
Aclarado lo anterior, me puedo referir al proyecto de ley. Nosotros, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y nuestros familiares, tenemos el derecho a conocer la verdad, según lo ha señalado reiteradamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No debe existir ningún obstáculo para que nosotros accedamos a nuestros archivos. En el Caso de la Comisión Valech I, siempre hubo obstáculos. Hasta el año 2015, que gracias a los recursos de protección presentados por Desclasificación Popular, se pudo acceder por primera vez a los archivos. Hoy podemos pedir nuestra documentación al INDH, pero es una copia con antecedentes tachados.
La moción, lamentablemente, deja fuera un punto muy importante. Permite a tribunales acceder a los archivos, pero a voluntad del Poder Judicial. Y no se establece que el Estado debe hacerse cargo de poner abogados para llevar causas. Es legítimo que cada uno vaya a la justicia, pero es necesario que el Estado se haga cargo de llevar las causas. Es necesaria toda la verdad y toda la justicia. Si, de nuevo, se quiere proteger a quienes no quieren que su testimonio sea público, se les debe preguntar a ellos si quieren que sus archivos no estén a la luz pública. Sin que signifique mantenerlos en secreto para siempre o que no puedan ser leídos por el Poder Judicial.
Es necesario saber, con detalle, qué es lo que sucedió en dictadura. Es necesaria la verdad histórica completa. Sólo así podemos morir con la convicción de que nuestro martirio no ha sido en vano y estamos aportando a un verdadero NUNCA MÁS.
Muchas gracias.
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